El Truman Show bonaerense
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Una radiografía del negocio de las cámaras de seguridad
Legisladores presentarán un pedido de informe para que Scioli rinda cuentas sobre las compañías beneficiadas y el dinero que se destinó a transformar el distrito en Sea Heaven, el pueblo bajo cámaras del reality The Truman Show.
Cuando el miércoles pasado Sebastián Velázquez llegó a su casa del barrio Delfino, en General Pacheco, su familia lo esperaba como quien aguarda a un famoso. “Saliste en la tele”, le dijo su mamá. Y no era para menos. Desde muy temprano, los canales noticiosos difundían las nítidas imágenes registradas el 21 de febrero por las cámaras de seguridad del municipio de Tigre en las que podía verse al muchacho de 22 años junto a su cómplice intentando asaltar a un automovilista que aguardaba detenido al costado de la ruta. Horas después, Velázquez era apresado por la policía. El hecho demostró la eficacia de los sistemas de videovigilancia instalados en la vía pública. Pero también puso en evidencia el millonario negocio del monitoreo a través de cámaras de seguridad y equipos de seguimiento satelital (GPS) en las calles de la provincia de Buenos Aires, que se reparten un reducido número de empresas, a las que se sospecha vinculadas con el poder político. Y reavivó la polémica sobre la utilización de las imágenes por parte de los canales comerciales de noticias.
Dos poderosos empresarios de la comunicación –Daniel Hadad y Sergio Szpolski, propietarios de señales informativas– están asociados con los dos grupos que controlan el ochenta por ciento de un negocio realizado con fondos del Estado nacional.
En la provincia de Buenos Aires, esta actividad carece de regulación estatal. Por eso esta semana un grupo de legisladores bonaerenses presentará un pedido de informes reclamando al gobierno de Daniel Scioli que rinda cuentas sobre las empresas beneficiadas y los fondos que ya se destinaron para transformar al distrito en Sea Heaven, el pueblo de ficción construido para el reality The Truman Show monitoreado por miles de cámaras.
DE NACIÓN A MUNICIPIOS. A fines de marzo de 2009, el gobierno de Cristina Fernández destinó 400 millones de pesos extraordinarios del Plan Nacional de Protección Ciudadana para auxiliar a Scioli en la lucha contra el delito. Los fondos empezaron a llegar a mediados del año pasado a algunos municipios. La mitad de este dinero –unos 200 millones– fue previsto para instalar 5.000 cámaras dispuestas a controlar las principales arterias y los puntos más conflictivos. Según las dimensiones de cada partido, los intendentes se comprometieron a colocar entre 40 y 400 aparatos de video en la vía pública. De acuerdo a fuentes oficiales, hasta marzo de este año sólo habían sido instaladas 700 en todo el territorio bonaerense, menos del 15% de lo previsto.
Pero con cada partida también llegó la sugerencia de favorecer a determinada empresa en los procesos licitatorios para adjudicar la colocación de cámaras y el control satelital de los nuevos móviles asignados a cada jurisdicción.
Los tres grupos empresariales que se imponen en la mayor parte de las licitaciones son Global View, propiedad del ex montonero Mario Montoto, en sociedad con el dueño de C5N y Radio 10 Daniel Hadad; Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), perteneciente a la multinacional Telefónica, en la que Sergio Szpolski participa como socio minoritario, y Ubik2, especializada en el control satelital, cuya titularidad figura a nombre de Rodrigo Campbell, un personaje muy cercano al gobierno nacional y con actividad declarada en comunas gobernadas por caudillos K.
Esta firma, que declara inicio de actividades en 2008 y es proveedora de las municipalidades de Ituzaingó, Florencio Varela, Ezeiza y el Partido de la Costa, se encarga de la instalación de los sistemas satelitales en los flamantes móviles de la Bonaerense. “Cada sistema de seguimiento colocado a un móvil policial se cotiza a unos 250 pesos mensuales, si planean sumar unos 2.000 patrulleros y que todos tendrán este GPS, estamos hablando de unas quinientas lucas por mes, algo así como seis palos anuales”, detalló una fuente ligada al negocio de la seguridad.
El hombre clave en estas negociaciones es Néstor Franco, actual funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense que antes de mudar sus oficinas a La Plata, manejó el área de seguridad en el municipio de Ezeiza, donde habían contratado a UbiK2. “No existe un registro oficial de proveedores de estos servicios, nosotros acercamos las especificaciones técnicas, aconsejamos qué tipo de software compatible es más apropiado licitar, pero son los intendentes los que van a buscar referencias en el mercado y optan por las firmas que trabajaron bien en otros lugares”, declaró Franco.
Los fondos del plan nacional se entregan por etapas, aunque varios jefes comunales, urgidos por la sensación de inseguridad promovida por algunos canales cuyos dueños tienen intereses en el negocio de las cámaras, decidieron acelerar los tiempos. Y contrataron a las compañías para que directamente instalen las cámaras en sus municipios. “Los valores de las cámaras arrancan en los 800 pesos y pueden llegar hasta los 12 mil dólares”, explicó Franco. “En cuanto a la sala de situación, con unas 20 cámaras y un sistema de transmisión de datos estándares anda en el orden de los 120 mil pesos”, completó el funcionario. El desembolso del capital y el control del centro de monitoreo estará a cargo de cada uno de los municipios.
Muchos intendentes buscaron asesoramiento en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), cuyos técnicos participaron en el diseño de los pliegos de licitación. Estos municipios contrataron los servicios de Global View que ya estaba asociada con la casa de altos estudios para el mantenimiento de los equipos de vigilancia en la ciudad de Buenos Aires. Allí Montoto tiene instaladas más de 200 cámaras a través de su firma Codesur, por las que cobra un canon anual de cuatro millones de pesos. Montoto constituyó Codesur en 2006 y, durante el gobierno de Jorge Telerman, se hizo cargo del mantenimiento de las cámaras de seguridad. Desde entonces, todos los años renueva su contrato y pasa a cobrar por ventanilla.
PEDIDO DE INFORMES. Esta semana, el presidente de la Comisión de Asuntos del Conurbano de la Cámara de Diputados bonaerense, Ramiro Tagliaferro, presentará un pedido de informes en el que reclamará al Poder Ejecutivo que informe sobre “la situación de las empresas proveedoras en materia de videovigilancia”. La iniciativa requiere al gobernador Scioli, que “especifique las empresas que actualmente prestan servicios en el sector público provincial y sector público municipal y detalle presupuesto destinado en 2010, especificando modalidad de contratación y empresa prestadora”.
Para Tagliaferro “es muy positivo que se sumen herramientas para incrementar los controles y la prevención social del delito”. Sin embargo el legislador destacó que “la provincia no dispone de registros actualizados públicos de las videocámaras adquiridas por cada municipio” y reclamó un mayor control por parte del Estado.
Un solo proyecto para el vacío legal
En la provincia de Buenos Aires, el único proyecto de ley vigente en materia de regulación de videovigilancia fue presentado en octubre de 2008 por la diputada Liliana Piani, de la Coalición Cívica. El proyecto propone regular las videocámaras y cámaras fotográficas que graben imágenes y sonidos, además del tratamiento de imágenes y sonidos obtenidos. La iniciativa estuvo frenada en la Comisión de Seguridad hasta el 31 de agosto del año pasado, cuando fue girada a Legislación General, donde obtuvo aprobación con modificaciones. Pero la ley aún no llega.
La Provincia de Córdoba fue la primera en regular la videovigilancia en espacios públicos mediante la Ley 9.380. Éste es un antecedente normativo: a partir de este dictamen se consideraron criterios para almacenamiento y protección de datos e imágenes de registros fílmicos.
En la Ciudad de Buenos Aires avanzó con la ley 2.602 en 2007, promulgada en 2008, mucho más exhaustiva en materia de registro y control sobre las empresas actuantes.
OPINIÓN
Conflicto, control y claudicación María Rosa Gómez (Especialista en comunicación y ética periodística. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA)
Desde que la sociedad humana se organizó en grupos, quienes asumieron funciones de liderazgo advirtieron que era de vital importancia el control de lo que opinaban sus pares. La complejidad tecnológica perfeccionó la vigilancia global y el avasallamiento de derechos tales como la privacidad, la libertad de pensamiento, el derecho a opinar e informarse. En la década de los 90, Gilles Deleuze acuñó el concepto “sociedades de control” para definir esta etapa. El real despliegue de vigilancia global sobre la sociedad estallaría –literalmente– con el derrumbe del World Trade Center y el ataque al Pentágono ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos encontró en la excusa del terrorismo el argumento ideal para avanzar sobre la vigilancia de la sociedad mundial, eludiendo derechos soberanos de los Estados y diseminando cárceles clandestinas en distintos continentes. El programa Total Information Awareness (TIA) que permite el cruce, rastreo y desciframiento de datos financieros, consumos, situación laboral y preferencias políticas de la población mundial, parecía materializar la pesadilla orwelliana del Gran Hermano. Hoy ha sido superado por nuevos programas de detección y clasificación de datos que permiten, entre otras cosas, definir los perfiles de los usuarios de internet chequeando sitios frecuentados y contenidos. En su último libro, Un mundo vigilado, Armand Mattelart informa que en 2007 el mercado de la seguridad global movía 350.000 millones de euros anuales, concentrados en empresas estadounidenses, europeas, asiáticas y unos pocos países del “resto del mundo”. El funcionamiento de la industria de la seguridad requiere de un mundo en conflicto permanente y –en el plano más subjetivo– de una generalizada sensación de inseguridad. Aquella que nos lleva a claudicar y conceder que está bien, por ejemplo, la proliferación de videocámaras en el universo inmediato, el barrio, el edificio, la vida cotidiana.