Disturbios en Londres.

Las revueltas en Londres y la subsecuente acción de las empresas privadas, como Blackberry, pero también los proveedores de servicios de Internet, del Estado, y de los individuos a título personal, vuelve a poner el centro de la atención sobre la importancia del anonimato para la defensa de la libertad de expresión.

Claudio Ruiz, en esta excelente columna que publicó para Cooperativa, explicaba la importancia del derecho a la protesta en relación con la libertad de expresión para el caso del reclamo estudiantil en Chile. ¿Cuáles son los núcleos esenciales de la democracia política? El derecho a la protesta, el derecho a la libre asociación y el derecho a la libertad de expresión. Por supuesto, todo esto tiene que estar sustentado sobre la democracia económica, es decir, la distribución justa y equitativa de los ingresos que garantice las bases materiales para que los derechos de la democracia política puedan ejercerse en igualdad de condiciones.

¿Cuáles son los núcleos esenciales de la democracia política? El derecho a la protesta, el derecho a la libre asociación y el derecho a la libertad de expresión

Esto es un ideal teórico de cómo debería funcionar la democracia; efectivamente, la realidad comprueba una y otra vez que la democracia económica y la democracia política casi nunca coinciden. Esta no-coincidencia, que por otro lado es parte de la matriz constitutiva del capitalismo, genera tensiones constantes: se protesta porque hay derechos básicos insatisfechos (trabajo, vivienda, salud y educación), pero para que esa protesta sea considerada por los medios masivos de comunicación y por los gobiernos, quienes protestan tienen que ser ciudadanos de primera, o al menos, ciudadanos alejados de las categorías excluyentes clásicas, es decir, no tienen que ser pobres ni negros. Claro, resulta ser que por el mismo modo de funcionamiento de los mecanismos de exclusión, los negros y los pobres nunca tienen sus derechos básicos satisfechos, por lo tanto, estarán siempre a la orden del día a la hora de protestar. De este modo, su protesta será siempre invisibilizada, tal como pasó en Londres recientemente y en Francia en años anteriores. Sólo cuando los negros y los pobres se hartan de estos mecanismos de exclusión y avanzan hacia la protesta violenta, quemando autos, edificios y enfrentándose a palos con la policía, la opinión pública pasa a tenerlos en cuenta, pero bajo sus signos clásicos de exclusión: negros y pobres, y además, violentos.

Este estigma social contribuye a justificar prácticas gubernamentales que, si fueran otros los implicados, no se verían justificadas. La carga simbólica negativa sobre ciertos sectores de la población es siempre funcional a determinados intereses de poder, como mencionábamos en este post:

En el espiral de ascenso de los gobiernos totalitarios, la historia que se cuenta es siempre la misma: el panóptico de vigilancia y disciplinamiento sigue un orden preciso de crecimiento: comienza por las cárceles y los condenados o sospechosos de delitos sobre los cuales pesa una condena social considerable ("terroristas", criminales), luego sigue por los grupos más vulnerables a la estigmatización (raciales, políticos, religiosos o de origen), y finalmente, se extiende a toda la población, instalando un clima de temor y persecución.

Conviene reiterar este punto: las tecnologías de la vigilancia se perfeccionan y se vuelven socialmente aceptables al incidir inicialmente sobre aquellos grupos marginales donde la condena pública es más enérgica. Todo fascismo, comienza siempre siguiendo el mismo patrón: una vez aceptado el mecanismo, avanza sobre el resto.

Los presidiarios del Centro Devoto saben perfectamente bien de qué se trata esto: la generación constante de mecanismos de exclusión, la construcción textual de un fenómeno denominado "inseguridad", todo para que el erario público dilapide 72 millones de pesos en cámaras de seguridad, un elemento que crea la sensación de seguridad pero que no trabaja con las causas del delito como lo que es, es decir, un problema social, colectivo, derivado de la falta de mecanismos de inclusión social.

No se puede mirar el caso de Londres sin tener en cuenta que exclusión e invisibilización, protesta y delito, control y videovigilancia, son pares indisociables de la relación compleja entre el Estado y la ciudadanía, entre la democracia política y la democracia económica.

El derecho al anonimato

Protesta social en Grecia

El escenario post-protestas de Londres mostró a todas luces que no se pueden seguir utilizando herramientas como Facebook o Twitter, y que ni siquiera es saludable confiar demasiado en la compañía que te provee servicios de Internet o de telefonía. Todo esto ya era evidente con las protestas en Egipto, pero como Egipto pertenece a la categoría de países corruptos del Tercer Mundo (otra nueva categoría que se adosa a la de ser negro y pobre), el escenario Londres y la combinación de las imágenes tomadas de las cámaras de videovigilancia junto con las herramientas de reconocimiento facial de Facebook para perseguir a los "sospechosos", hablan de que la tecnología en este siglo será más un instrumento de control y disciplinamiento social que una realización de la tecnoutopía libertaria de organización horizontal y libre.

En este contexto, aparece el habitual argumento de yo no tengo nada que esconder, el que es anónimo por algo será y si querés anonimato es para cometer algún delito. Tan extendido está este sentido común que ya hay gente que se ha tomado la molestia de escribir ensayos al respecto, y en más de una oportunidad, han sido organismos públicos los que se han encargado de resistir a la vigilancia llevada hasta sus últimas consecuencias, tal fue el caso de las bibliotecas de USA que rechazaron la Patriot Act. Como decía Ruiz en su columna:

El ejercicio del balance o ponderación de derechos como se ve es fundamental para evitar excesos discrecionales y afectación más allá de lo razonable de derechos fundamentales. Si bien, visto así, no hay derechos «prima facie» más importantes que otros, cuando se trata de la libertad de expresión se requiere tener muy buenas razones para resolver en su contra. Y esto por una razón muy sencilla, porque el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos está muy cerca del núcleo duro de lo que entendemos por democracia.

Si libertad de expresión y democracia están muy cerca, no es menos cierto que el anonimato y la libertad de expresión también lo están. Para poder ejercer la libertad de expresión es necesario que se garantice que uno no será penado por los dichos que profiera o los actos de manifestación pública; la única forma posible de garantizar este derecho es garantizar el anonimato de las personas y la libertad de asociación. Un gobierno determinado puede respetar las expresiones de determinadas personas en un contexto democrático, pero no puede garantizar que el próximo gobierno cumpla con ellas, del mismo modo que no puede garantizar que lo próximo que venga será un contexto democrático: democracia y dictadura son las dos caras políticas que puede adoptar el poder económico, pero la elección por una o por otra variará de acuerdo a las circunstancias históricas y la amenaza que sienta el poder económico para la manuntención de su estabilidad. Para sortear este problema y garantizar mínimamente que quien exprese determinadas ideas en un contexto democrático determinado no será sancionado, se torna entonces necesario respetar la voluntad de las personas de mantenerse anónimas.

Protestas estudiantiles en Santiago de Chile.

Si libertad de expresión y democracia están muy cerca, no es menos cierto que el anonimato y la libertad de expresión también lo están

Este problema de circunstancias históricas lleva a la definición de grados de proximidad en relación con la libertad de expresión. Cuanto más tolerante sea un gobierno democrático a la expresión de disenso, es decir, que no sancione por la vía penal, civil o represiva las expresiones de determinados sectores sociales, tanto mayor será el nivel de democracia. Como se advierte enseguida, esta relación es extremadamente compleja, porque si la garantía de la libertad de expresión es el anonimato, el anonimato también es una condición de posibilidad para la impunidad delictiva. Parte de esta paradoja es que todo discurso de disenso será necesariamente un discurso con potencialidad delictual, en tanto ese discurso amenace la estabilidad del poder económico.

De esta forma, al discurso fascineroso sobre la seguridad y el delito no le resulta nada difícil cuestionar el anonimato. La toma de tierras en el Parque Indoamericano, la represión en Jujuy y la represión a la comunidad qom-toba La Primavera; la videovigilancia en los espacios públicos que tiene como excusa la prevención del "delito", pero que termina tomando imágenes de protestas y/o manifestaciones públicas; el trabajo de inteligencia en las redes sociales, entre otros, son ejemplos de que necesariamente toda expresión de disenso terminará de alguna forma vinculándose a una noción de delito tipificada de alguna forma en el Código Penal. Así, si la toma de tierras es un delito, no es menos cierto que la libertad de expresión y la vivienda digna son derechos consagrados constitucionalmente, y que el Estado tiene la obligación de tutelar por ellos por encima de los intereses privados (en este caso, la violación de la propiedad privada o del Estado). ¿Qué es lo primero que hizo el Estado frente a estas situaciones, además de reprimir? Realizar un censo, censar. Es decir, identificar.

El vínculo entre anonimato, identificación y autoría con las problemáticas de la libertad de expresión y la propiedad privada ya había sido advertido por Foucault en su célebre texto "¿Qué es un autor?":

Los textos, los libros, los discursos han empezado realmente a tener autores [...] en la medida en que el autor podía ser castigado, es decir, en la medida en que los discursos podían ser transgresores. El discurso en nuestra cultura (y en muchas otras sin duda) no era, en el origen, un producto, una cosa, un bien; era esencialmente un acto -un acto que estaba situado en el campo bipolar de lo sagrado y lo profano, de lo lícito y de lo ilícito, de lo religioso y de lo blasfematorio. Ha sido históricamente un gesto cargado de riesgos antes de ser un bien dentro de un circuito de propiedades. Y cuando se instauró un régimen de propiedad para los textos, cuando se decretaron reglas estrictas sobre los derechos de autor, sobre las relaciones autores-editores, sobre los derechos de reproducción, etc. -es decir, a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX- fue en ese momento que la posibilidad de transgresión que pertenecía al acto de escribir tomó cada vez más el aspecto de un imperativo propio de la literatura. Como si el autor, a partir del momento que fue situado dentro del sistema de propiedad que caracteriza a nuestra sociedad, compensara el estatuto que recibía así recuperando el viejo campo bipolar del discurso, practicando sistemáticamente la transgresión, restaurando el peligro de una escritura a la cual por otro lado se le garantizaban los beneficios de la propiedad.

¿Tecnologías de control o de liberación?

Barcelona, represión contra los "indignados".

En la década de los '70 se echó a los ciudadanos del espacio público, y a partir del nuevo milenio se los comenzó a encerrar dentro de su propia fantasía de seguridad. Las dos décadas son coincidentes: el discurso de la seguridad nacional de los '70 y el escenario post-caída de las Torres Gemelas, habilitaron la renovación de una "Doctrina Monroe" para el Siglo XXI. Paradójicamente o no tanto, durante el período que comprende esas dos décadas comenzó el trabajo intensivo sobre un desarrollo tecnológico que fuera lo suficientemente distribuido como para resistir un ataque militar (eran los tiempos de la Guerra Fría), que careciera de una autoridad central y permitira pasar y recibir mensajes y conectar nuevos nodos de manera independiente.

El desarrollo posterior de semejante tecnología tuvo además la particularidad de que puso en crisis el concepto de identificación, autoría y propiedad, permitiendo a su vez el florecimiento de las potencialidades expresivas y de asociación, ya no sólo de uno o dos individuos aislados, sino de cualquier individuo que estuviera conectado a esos nodos. Una tecnología con semejantes características tenía el peligro de poder subvertir toda una serie de valores que vinculaban la identificación con el Estado, la autoría como parte de esa relación entre identificación y propiedad, y al Estado como garante y mediador de las relaciones entre identificación, propiedad y conciliación de clases.

Entonces ocurrió la reacción: la explícita, comenzó con Clinton y ahora sigue con Sarkozy; la oculta comenzó con un nombre cool: dos punto cero. El documento de O'Reilly no es más que una receta pragmática sobre cómo reconquistar un espacio inicialmente hostil a la extracción de plusvalía. Junto con el indócil TCP/IP, la tecnología de los '70 también proveía su domesticador: la arquitectura "cliente-servidor". La arquitectura del poder tenía forma de nube. Identificación y autoría volvieron a recrudecer todos sus caminos, y así llegamos a un 2011 con reconocimiento facial de manifestantes en Facebook.

La tensión entre democracia política y democracia económica comienza a entrar en una nueva etapa con el ingreso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. El año 2100 nos encontrará identificados o liberados, diría el general, mientras desde el gobierno se regalan Documentos de Identidad hechos con software libre, y netbooks escolares, con Windows.