La idea [del partido pirata sueco] caló hondo en un grupo de entusiastas argentinos: formaron el Partido Pirata e importaron punto por punto esta problemática primermundista.

De los muchos prejuicios y apreciaciones superficiales que contiene la nota, conviene aclarar dos cuestiones importantes:

En primer lugar, la problemática primermundista que pone en conflicto los derechos de los ciudadanos y las leyes que restringen el libre flujo de la información a través de las redes, no fue importada por el Partido Pirata, sino más bien, por nuestros funcionarios, jueces y legisladores, que «primermundísticamente» han optado por seguir la agenda de intereses transnacionales punto por punto (con honrosas excepciones), tanto de empresas multinacionales como de estados extranjeros, en vez de contextualizar la problemática según las condiciones sociales y económicas locales. De esos casos locales, que detallamos más adelante, es que surge nuestro interés por construir este espacio de acción política —y cultural— llamado Partido Pirata.

En segundo lugar, debe quedar claro que todo conflicto relacionado con la llamada propiedad intelectual o las regulaciones sobre internet, obedece a un esquema geopolítico global, donde los intereses de los países en desarrollo no son los mismos que los de los países centrales. Desde esta perspectiva se hace doblemente necesario el activismo político sobre estos temas —especialmente— entre aquellos, como nosotros, cuyas vidas transcurren fuera del llamado «primer mundo», quienes seremos los grandes perdedores de imponerse este esquema global que favorece la apropiación monopólica de lo inmaterial.

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Por eso, una de las principales razones de la existencia de este Partido Pirata local, es generar un espacio de activismo, en sintonía con los Partidos Piratas surgidos en el resto del mundo, pero que ponga el foco precisamente en las problemáticas locales. La ley argentina de Derecho de Autor, la 11.723 conocida como la «Ley Noble» en honor a su principal impulsor, el diputado Roberto Noble —fundador de Clarín—, es una de las más restrictivas del mundo, cuenta con muy pocas excepciones, tanto que criminaliza incluso a las bibliotecas y a los bibliotecarios en el ejercicio de su actividad de preservar y dar acceso a los libros, y condena a la ilegalidad cualquier uso no autorizado de una obra: en Argentina pasar un CD comprado legalmente a formato mp3, para escucharlo en nuestro propio dispositivo portátil, es ilegal.

El otro aspecto que también mencionamos, es el ordenamiento geopólitico global subyacente en esta batalla por liberar lo inmaterial. No se limita al problema de «la piratería» y los intereses de la industria del entretenimiento, sino que involucra cuestiones como patentes sobre alimentos, genes, medicamentos o software, y que desde una perspectiva norte/sur condenan a los países del Sur a la agricultura y a la industria, mientras que los del Norte conservan el control sobre la creatividad y el valor agregado. Como meciona este artículo de Florent Latrive: «accesorios de moda diseñados en París y producidos en Túnez; computadoras concebidas en Silicon Valley y fabricadas en Asia. Y todo ello con estrictos controles fronterizos y en Internet». Un juego de ganadores y perdedores, donde no cuesta imaginar que papel ocupará Argentina.

Seguir leyendo la respuesta del Partido Pirata Argentino al periodista Daniel Convertini del suplemento Si! de Clarín.